06/01/2014

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27/05/14 Acuerdo de Sala Plena sobre los supuestos en los que el Tribunal dispone declarar no ha lugar, inicio del procedimiento, o archivo del expediente, en los procedimientos administrativos sancionadores sometidos a opinión de las salas ACUERDO Nº 017/201302.12.2013 En la SESIÓN Nº 006/ 2013 de fecha 02 de diciembre del 2013, los vocales integrantes del Tribunal de Contrataciones del Estado, acordaron por unanimidad: ACUERDO DE SALA PLENA SOBRE LOS SUPUESTOS EN LOS QUE EL TRIBUNAL DISPONE DECLARAR NO HA LUGAR, INICIO DEL PROCEDIMIENTO, O ARCHIVO DEL EXPEDIENTE, EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES SOMETIDOS A OPINIÓN DE LAS SALAS I. ANTECEDENTES Mediante la Ley Nº 29873 y el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF (normas vigentes desde el 20 de setiembre de 2012), respectivamente, se modifi caron el Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado (en adelante la Ley), y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF (en adelante el Reglamento). En este contexto, con las normas dictadas, las reglas de tramitación de los expedientes referidos a procedimientos administrativos sancionadores han variado, por lo que resulta necesario que este Tribunal establezca criterios de interpretación uniformes respecto de las normas que regulan el alcance de sus decisiones, cuando un expediente le es sometido a su conocimiento para que se pronuncie respecto del inicio o no del procedimiento administrativo sancionador. II. MARCO LEGAL De conformidad con lo establecido en el artículo 242 del Reglamento, el Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, tramita los procedimientos administrativos sancionadores, bajo las siguientes reglas: 1. Para efectuar las indagaciones previas al inicio del procedimiento sancionador, el Tribunal tendrá un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles contados desde la fecha de presentación de la denuncia o de la subsanación correspondiente o de emitido el decreto por el que previamente se le solicita al denunciante o la Entidad la documentación sustentatoria. En este último supuesto, el Tribunal tiene un plazo máximo de cinco (05) días hábiles siguientes de admitida la denuncia para requerir la documentación sustentatoria. Vencido el indicado plazo para las indagaciones previas, deberá remitirse el expediente a la Sala correspondiente, dentro de un plazo no mayor de los quince (15) días hábiles siguientes. 2. Las Entidades están obligadas a remitir la información adicional que se indica en el numeral precedente, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de notifi cada. En el caso que, como consecuencia de la omisión de la Entidad en remitir la información solicitada, no sea posible iniciar el procedimiento sancionador, se procederá al archivo del expediente, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad y se hará de conocimiento al Órgano de Control Institucional o, en su defecto, a la Contraloría General de la República. 3. El Tribunal dispondrá el inicio del procedimiento sancionador sólo si determina que cuenta con elementos sufi cientes para tal efecto. (…)”. III. ANÁLISIS 1. Según se aprecia en las normas citadas, cuando se recibe una denuncia en la cual se pone de manifi esto alguna infracción cometida por un proveedor, participante, postor, contratista, experto independiente o árbitro, que se enmarca en lo previsto por el artículo 51 de la Ley, el Tribunal cuenta con plazos perentorios para efectuar indagaciones previas que permitan determinar la pertinencia del inicio de un procedimiento administrativo sancionador. En estos casos, son las Salas del Tribunal las que, sobre la base de la información obtenida en los plazos indicados, debe emitir el pronunciamiento correspondiente. Sin embargo, el Tribunal solo puede disponer el inicio del procedimiento administrativo sancionador cuando cuenta con los elementos sufi cientes para tal efecto; pues de lo contrario se encontrará imposibilitado de emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. 2. Ahora bien, las denuncias sobre infracciones previstas en el artículo 51° de la Ley pueden provenir de las propias Entidades o de Terceros, para lo cual se requiere que éstas acompañen el sustento de las imputaciones que realizan. Ello sin perjuicio que el Tribunal requiera a cualquiera de ellos u otros terceros la información necesaria para corroborar los hechos que las sustentan. En caso que dichos requerimientos sean efectuados a la Entidad que desarrolló el proceso de selección y/o contratación, ésta tiene la obligación de remitir la información solicitada en el plazo que para el efecto se le otorgue. En el supuesto que el Tribunal no cuente con evidencia sufi ciente para disponer el inicio del procedimiento administrativo sancionador se debe acordar el archivo del expediente. Si dicha situación se genera por la omisión de la Entidad de remitir la información solicitada, la decisión se adopta bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, comunicándose ello al Órgano de Control Institucional de la Entidad o, en caso de no existir tal órgano en la Entidad, de la Contraloría General de la República, para que en atención a sus atribuciones, adopte las acciones pertinentes. 3. Distinto supuesto se genera cuando la información con que se cuenta -haya sido o no remitida de forma completa por la Entidad y/o el denunciante-, resulta sufi ciente para que el Tribunal puede determinar la falta de concurrencia de los presupuestos necesarios para que se confi gure la infracción, en cuyo caso las Salas deberán disponer la declaración de no ha lugar el inicio del procedimiento administrativo sancionador, procediéndose al archivo del expediente. IV. ACUERDO Hechas las precisiones que anteceden, el Tribunal acuerda: a) En los casos que la Entidad no cumpla con remitir oportunamente la información o documentación requerida por el Tribunal en la etapa de indagaciones previas del procedimiento administrativo sancionador, el Tribunal dispondrá archivar el expediente, sin que ello implique un pronunciamiento sobre el fondo. En tal sentido, en la parte resolutiva del acuerdo se considerará lo siguiente: 1. Disponer que, atendiendo a la falta de información sufi ciente para iniciar el procedimiento administrativo sancionador contra …………., en los seguidos por su supuesta responsabilidad en la infracción tipifi cada en el literal …. del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017, modifi cada por Ley Nº 29873, durante el desarrollo de ……………….. se proceda a archivar el presente expediente, sin pronunciamiento sobre el fondo, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. 2. Poner el presente Acuerdo en conocimiento del Titular de la Entidad. 3. Poner el presente Acuerdo en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad (o a la Contraloría General de la República, en caso no cuente con Órgano de Control Institucional) para que, en mérito a sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes. b) En los casos que, pese a la omisión de la Entidad o de la persona natural o jurídica denunciante en remitir oportunamente la información o documentación sustentatoria requerida por el Tribunal, éste cuente con información sufi ciente que le permita determinar la falta de concurrencia de los presupuestos necesarios para que se confi gure la infracción, el Tribunal dispondrá la declaración de no ha lugar el inicio del procedimiento administrativo sancionador y procederá al archivo del expediente. En ese sentido, en la parte resolutiva del acuerdo se considerará lo siguiente: 1. Declarar no ha lugar el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra ……………………… por la supuesta comisión de la infracción tipifi cada en el literal ………….. del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017, modifi cada por Ley Nº 29873, en el desarrollo de la ………………………………………, debiendo archivarse el presente expediente administrativo. c) En los casos que el Tribunal cuente con información sufi ciente que permita apreciar la existencia de indicios de la comisión de la infracción, el Tribunal dispondrá iniciar el procedimiento administrativo sancionador. En ese sentido, en la parte resolutiva del acuerdo se considerará lo siguiente: 1. Iniciar procedimiento administrativo sancionador contra …………………………….., por su supuesta responsabilidad en la comisión de la infracción tipifi cada en el literal ……….. del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017, modifi cada por Ley Nº 29873, en el desarrollo de ……………………………….., la cual prevé una sanción de inhabilitación temporal de un mínimo de …….. (…….) años/meses hasta un máximo de ……. (…….) años, de acuerdo a los fundamentos expuestos. 2. Otorgar a …………………………., el plazo de diez (10) días hábiles para que formule(n) sus descargos, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente de notifi cado el presente Acuerdo. Para tales efectos, la(s) emplazada(s) deberá(n) ajustar su actuación a las disposiciones previstas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del OSCE. 3. Disponer que la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado efectúe la notifi cación del presente Acuerdo y proporcione al(os) administrado(s) la clave de acceso de consulta al Toma Razón Electrónico de la página web del OSCE (vínculo del Tribunal), con la fi nalidad que en lo sucesivo tome(n) conocimiento a través del mismo de los actos procesales expedidos por el Tribunal que correspondan ser notifi cados por esa vía, de acuerdo a la normativa aplicable. d) El presente acuerdo será aplicable a los expedientes que se encuentren en trámite a partir del 20 de setiembre de 2012. MARIO F. ARTEAGA ZEGARRA MARÍA H. BECERRA FARFÁN RENATO DELGADO FLORES OTTO EGÚSQUIZA ROCA VIOLETA L. FERREYRA CORAL HÉCTOR M. INGA HUAMÁN MARÍA ELENA LAZO HERRERA ANA T. REVILLA VERGARA MARÍA ROJAS DE GUERRA MARIELA SIFUENTES HUAMÁN ADRIÁN J. VARGAS DE ZELA VÍCTOR VILLANUEVA SANDOVAL EFRAÍN PACHECO GUILLÉN Secretario 1087970-2
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29/05/14 LEY Nº 30201 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente: LEY QUE CREA EL REGISTRO DE DEUDORES JUDICIALES MOROSOS Artículo 1. Creación del Registro de Deudores Judiciales Morosos Créase, en el órgano de gobierno del Poder Judicial, el Registro de Deudores Judiciales Morosos, en el que se inscribe, a solicitud del ejecutante, el incumplimiento de las acreencias originadas en resoluciones fi rmes, que declaran el estado de deudor judicial moroso en aplicación de los artículos 594 y 692-A, del Código Procesal Civil. Artículo 2. Gratuidad y publicidad del registro El acceso a la información del Registro de Deudores Judiciales Morosos es de carácter público y gratuito, a través del portal web institucional del Poder Judicial. Artículo 3. Vigencia de la inscripción El registro de estado de deudor judicial moroso tiene vigencia hasta la extinción de la obligación por cualquiera de las modalidades previstas en el Código Civil, en cuyo caso el juzgado de origen ofi cia al órgano de gobierno del Poder Judicial, solicitando la cancelación de la inscripción en dicho registro, bajo responsabilidad. El registro permanece vigente en caso de que el ejecutado sea declarado deudor judicial moroso en otro proceso. Extinguida la obligación conforme a las modalidades establecidas en el primer párrafo, la inscripción queda sin efecto de pleno derecho, debiendo el Poder Judicial, a pedido de cualquier persona, proceder a su cancelación dentro del plazo de siete días calendario de presentada la solicitud, bajo responsabilidad. Artículo 4. Exclusión No se encuentran bajo el ámbito del referido registro las obligaciones derivadas de procesos judiciales contra el Estado. Artículo 5. Modifi cación de los artículos 594 y 692- A del Código Procesal Civil Modifícanse los artículos 594 y 692-A del Código Procesal Civil, en los términos siguientes: “Sentencia con condena de futuro.- Artículo 594.- El desalojo puede demandarse antes del vencimiento del plazo para restituir el bien. Sin embargo, de ampararse la demanda, el lanzamiento sólo puede ejecutarse luego de seis días de vencido el plazo. Si el emplazado se allanara a la demanda y al vencimiento del plazo pusiera el bien a disposición del demandante, éste deberá pagar las costas y costos del proceso. En los contratos de arrendamiento de inmuebles, con fi rmas legalizadas ante notario público o juez de paz, en aquellos lugares donde no haya notario público, que contengan una cláusula de allanamiento a futuro del arrendatario, para la restitución del bien por conclusión del contrato o por resolución del mismo por falta de pago conforme a lo establecido en el artículo 1697 del Código Civil, el Juez notifi ca la demanda al arrendatario para que, dentro del plazo de seis días, acredite la vigencia del contrato de arrendamiento o la cancelación del alquiler adeudado. Vencido el plazo establecido sin que se acredite lo señalado en el párrafo anterior, el Juez ordena el lanzamiento en quince días hábiles, de conformidad con el artículo 593 del Código Procesal Civil. Es competente para conocer la solicitud de restitución del inmueble, en contratos con cláusulas de allanamiento, el Juez del lugar donde se encuentra el bien materia del contrato. La deuda del arrendatario judicialmente reconocida origina la inscripción del demandado en el Registro de Deudores Judiciales Morosos.” “Artículo 692-A.- Señalamiento de bien libre y procedimiento de declaración de deudor judicial moroso Si al expedirse el auto que resuelve la contradicción y manda llevar adelante la ejecución en primera instancia, el ejecutante desconoce la existencia de bienes de propiedad del deudor, aquel solicitará que se requiera a este para que dentro del quinto día señale uno o más bienes libres de gravamen o bienes parcialmente gravados, a efectos que, con su realización, se cumpla el mandato de pago, bajo apercibimiento establecido por el juez, de declarársele deudor judicial moroso e inscribirse dicho estado en el Registro de Deudores Judiciales Morosos, a solicitud del ejecutante. El apercibimiento contenido en el presente artículo también será de aplicación en la etapa procesal de ejecución forzada de sentencia derivada de un proceso de conocimiento, abreviado o sumarísimo.” Artículo 6. Modifi cación de los artículos 34, 50 y 97 de la Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal Modifícanse el párrafo 34.2 del artículo 34, el párrafo 50.5 del artículo 50 y el párrafo 97.4 del artículo 97 de la Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal, en los términos siguientes: “Artículo 34.- Apersonamiento de acreedores al procedimiento (…) 34.2 Igual derecho corresponde al acreedor cuyo crédito dio lugar a la declaración de situación de concurso, en cuyo caso los créditos correspondientes serán reconocidos de ofi cio por la Comisión. (…)” “Artículo 50.- Instalación de la Junta de Acreedores (…) 50.5 En caso de que la disolución y liquidación del deudor se haya iniciado en aplicación de los supuestos previstos en el literal b) del párrafo 24.2 del artículo 24 y en el párrafo 28.4 del artículo 28, la Junta se desarrollará en el lugar, día y hora señalados en única convocatoria. La Junta se podrá instalar con la asistencia de cualquier acreedor reconocido y los acuerdos se adoptarán con el voto favorable del acreedor o acreedores que representen créditos superiores al 50% de los créditos asistentes a la Junta de Acreedores. (…)” “Artículo 97.- Nombramiento del liquidador y aprobación del Convenio de Liquidación (…) 97.4 En el caso de que dicha Junta no se instale o instalándose no adopte el acuerdo pertinente a la liquidación, la Comisión podrá designar, de ofi cio, al liquidador responsable, previa aceptación de este. Si no hay liquidador interesado, renuncia el designado por la Comisión o queda sin efecto su designación de conformidad con el párrafo 120.5 del artículo 120, se dará por concluido el proceso. (…)” DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES PRIMERA. Vigencia La presente Ley entra en vigencia a los cuarenta y cinco días hábiles de su publicación. SEGUNDA. Reglamentación El Poder Ejecutivo reglamenta la presente Ley dentro de los treinta días hábiles de su entrada en vigencia. TERCERA. Unifi cación de registros El Poder Judicial unifi ca el Registro de Deudores Judiciales Morosos con otros registros que administre el referido poder del Estado. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS PRIMERA. Aplicación de la norma en el tiempo A la entrada en vigencia de la presente Ley, la modifi catoria establecida en el artículo 5 se aplicará inmediatamente a los procesos judiciales en los cuales aún no se haya requerido al deudor ejecutado el señalamiento de bienes libres o parcialmente gravados con cuya realización se cumpla la obligación puesta a cobro. SEGUNDA. Procedimientos concursales en trámite Los procedimientos concursales iniciados por mandato judicial en aplicación del artículo 692-A del Código Procesal Civil, antes de la entrada en vigencia de la presente Ley, se seguirán tramitando conforme a la normativa vigente a la fecha que fueron iniciados. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA ÚNICA. Disposición derogatoria Deróganse los artículos 30 y 31 y el numeral 36.2 del artículo 36 de la Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal. Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su promulgación. En Lima, a los siete días del mes de mayo de dos mil catorce. FREDY OTÁROLA PEÑARANDA Presidente del Congreso de la República LUIS IBERICO NÚÑEZ Segundo Vicepresidente del Congreso de la República AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO: Mando se publique y cumpla. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil catorce. OLLANTA HUMALA TASSO Presidente Constitucional de la República RENÉ CORNEJO DÍAZ Presidente del Consejo de Ministros 1088754-2

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